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La deuda pública y sus riesgos

Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT

Según el último Boletín Estadístico del Banco de España, en el segundo trimestre del año la deuda pública ha alcanzado los 1.012.496 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 96,3% del total del PIB. Es decir, la escalada de la deuda pública que comenzó en 2007 con el estallido de la crisis no parece tener fin en nuestro país.

En el año 2007, la deuda en España representaba el 35,5% del Producto Interior Bruto (PIB), y había descendido un 8,7% respecto al año anterior. A partir de 2008 la situación da un vuelco y la deuda comienza a escalar hasta el 39,4% del PIB (un 11% más que al año anterior); en 2009, representaba el 52,7% del PIB (un 33,8% más); en 2010, año de inicio de las políticas de recortes y contrarreformas, alcanzó el 60,1% del PIB (un 14% más); y así sucesivamente hasta llegar al 90,8% en 2013, un 16,6% más que el año anterior. Y en lo que va de 2014, hasta el segundo trimestre de año, la deuda ha llegado a la cima citada más arriba y con la previsión del Gobierno de superarla en 2015 ya que la deuda alcanzará el 100,3% del total del PIB.

“El descenso del déficit es muy lento y la proporción de deuda pública no para de crecer”

Con este volumen de deuda pública, la partida presupuestaria destinada al pago de los intereses de la deuda alcanzará en 2015 una cuantía de 35.490 millones de euros, que equivale al 10,2% del total de presupuesto de gastos. Dicho de otra forma: de cada 10 euros de gasto del Estado en 2015, uno irá a pagar los intereses de la deuda. Son 1.100 millones menos que en 2014, un 3% menos, gracias a la reducción de la prima de riesgo que ha inducido la actuación desde mediados de 2012 del Banco Central Europeo. Pero son 15.400 millones más que en 2010, un 66% más. Es decir, el creciente volumen de intereses procedentes de la deuda pública supone una carga insoportable para los Presupuestos Generales del Estado, que se suma a la incapacidad de generar ingresos públicos a través de la mejora de actividad económica y a la insostenible situación del desempleo en España. Como consecuencia, el descenso del déficit público es muy lento y, en cambio, la proporción de deuda pública no para de crecer.

Y este es el resultado de reformas impuestas hasta ahora desde el Gobierno, que ni han corregido los principales desequilibrios de nuestra economía ni han sentado las bases del crecimiento económico equilibrado, sostenido y generador de empleo que pregona el Gobierno de España. Porque dos grandes reformas del Gobierno no han funcionado: la reforma laboral se ha traducido en más desempleo y la reforma bancaria no ha conseguido que el crédito fluya y llegue a las empresas. Y el futuro próximo no parece mucho más esperanzador si se tiene en cuenta las incertidumbres que amenazan la zona euro en una situación de parálisis y riesgo de deflación y una nueva recesión.

"Hay que reducir los niveles de deuda sin bloquear la recuperación, sin perjudicar la creación de empleo y sin recortar los servicios públicos”

Así las cosas, es evidente que la condición necesaria para pagar la deuda y no acumular mayores niveles de endeudamiento es retomar la senda del crecimiento económico, mediante un equilibrio justo entre los ajustes necesarios para reducir el déficit y los estímulos para lograr ese crecimiento. Y para ello es imprescindible un nuevo rumbo de la política económica de nuestro país, de manera que el gasto público apoye la demanda y no suponga un nuevo freno a la dinamización de la economía española. Estos niveles de deuda pública no son sostenibles y no nos podemos permitir el lujo de que lastren la recuperación de la economía y el empleo y nos condene a niveles de crecimiento anémicos con altos niveles de desempleo. Ni en España ni en Europa.

Porque el riesgo es que una vez asentado mediáticamente el discurso de la recuperación se haga fuerte la pretensión de volver a los parámetros de referencia del Tratado de la Unión y haya que reducir al 60% la deuda pública, y cumplir la imposición derivada de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española que establece como prioridad el pago de la deuda y de sus intereses, lo que supondría pagar 400.000 millones. De este modo, en el escenario de supuesta recuperación asistiríamos de nuevo a políticas de recortes y contrarreformas.

Por eso es urgente buscar fórmulas para reducir los niveles de deuda pública sin bloquear la recuperación de la economía, sin perjudicar la creación de empleo y sin recortar aún más los servicios públicos. Una alternativa a nivel europeo es el desarrollo de políticas conjuntas sobre la deuda, de manera que el pago de nuestros compromisos financieros sea compatible con la creación de empleo y el crecimiento económico y el mantenimiento de los servicios públicos.

Gráfico deuda pública Fuente: Gabinete Técnico Confederal UGT a partir de Banco de España.



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Los recortes en sanidad

Carmen López, Secretaria de Política Social de UGT

Actualmente la Sanidad es noticia por la presencia de Virus Ébola en España, por las listas de espera batiendo cifras récords; por el cierre de camas y quirófanos en los hospitales públicos y por el cierre de centros sanitarios en diferentes Comunidades Autónomas.

Es también noticia por la bajada y congelación salarial; por el aumento de la jornada laboral y la carga de trabajo, al no cubrirse la mayoría de las bajas por enfermedad, ni las vacaciones de los profesionales, con la promesa de que este esfuerzo supondría el mantenimiento del empleo público. Nada más lejos de la realidad que arroja una destrucción de empleo del sector de más de 30.000 profesionales, la pérdida de un 24%, aproximadamente, de poder adquisitivo de los trabajadores del sector sanitario y la privatización de numerosos centros sanitarios. En definitiva, las consecuencias de la reforma sanitaria del PP en las Comunidades Autónomas, reforzada por el Real Decreto-Ley 16/2012, del Gobierno.

Este Real Decreto-Ley aprovecha la crisis e invoca las políticas de la Unión Europea para justificar e implantar un cambio de modelo sanitario que no es más que una apuesta ideológica por el ultraliberalismo aplicado al sistema sanitario público. Siembra la confusión entre los ciudadanos al trasladar que nuestro sistema sanitario es insostenible por su creciente gasto. Sin embargo, el gasto sanitario que en el periodo 2001-2009 tan solo creció 2,4 puntos en porcentaje sobre el PIB, en cambio en el periodo 2010-2011 decreció 0,3 puntos, muy lejos de la realidad.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, en “Los sistemas sanitarios en los países de la UE”, España dedicó, en 2012, el 9,4% de su PIB a sanidad, situándose junto con Eslovenia en el octavo lugar entre los países europeos y por debajo de la media europea 9,6% y muy por debajo del 12,1% de los Países Bajos, el 11,6% de Francia, el 11,3% de Alemania, el 11% de Dinamarca, 10,9% de Bélgica y 10,2% de Portugal. Con estos datos, el sistema sanitario español necesita más inversión y no recortes Es necesario señalar que España invierte un 2,2% menos de su PIB que Francia y un 1,9 menos que Alemania. En cuanto a las camas hospitalarias de los países europeos, en 2011, España es la cuarta por la cola, con 3,1 por 1.000 habitantes y por debajo de la media que es 5,2 por 1.000 habitantes. En nuestro país, este indicador ha descendido desde 2001 que se situaba en 3.6 camas por 1.000 habitantes.

“El sistema sanitario necesita más inversión y no recortes”

Pero también es noticia que los trabajadores de la sanidad responden con profesionalidad y compromiso, que la ciudadanía sigue confiando en la sanidad pública y que se producen movilizaciones de los trabajadores y de los ciudadanos contra la privatización de la sanidad y la reforma sanitaria del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) del PP.

Ciertamente, todo indica que los ciudadanos tienen una alta valoración de la Sanidad pública, pero que perciben negativamente los cambios realizados por los gobiernos del PP. Más específicamente, el Barómetro Sanitario de 2013 (CIS), en cuanto a la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público, detecta un incremento anual progresivo hasta 2011, año en que comienza a decrecer; a pesar de que los encuestados claramente prefieren la Sanidad pública con respecto a la privada, tanto para consultas de Atención Primaria y Especializada, como para la atención de urgencias. Los ciudadanos observan que pagan más por menos servicios, que se excluyen a personas del Sistema.

La crisis política ocasionada por la pésima gestión realizada en relación con los casos de los pacientes infectados por Virus Ébola, ha puesto de manifiesto la improvisación en las actuaciones del Gobierno de España y el desacierto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en decisiones como la de transformar el Hospital Carlos III en un nuevo hospital de media estancia en Madrid, adscribiéndose orgánica y funcionalmente al Hospital Universitario La Paz.

En ambos caos, las restricciones presupuestarias y la escasez de recursos dificultan el dispositivo sanitario que se requiere en un caso como el que nos ocupa. En el que, ciertamente, han sido y son los profesionales de la sanidad pública los que han respondido con compromiso y profesionalidad. La reforma sanitaria impulsada por el Gobierno del PP, mediante el Real Decreto Ley 16/2012, se planteó con el objeto de ahorrar 7.000 millones, aproximadamente un 10% del presupuesto del conjunto del SNS. Se modificó la regulación del aseguramiento, con lo que la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas para convertirse en una prestación derivada de la relación administrativa con la Seguridad Social, de la edad y la renta; se restringieron ciertas prestaciones y se incrementaron y ampliaron los repagos, en definitiva se pierde la universalización de la sanidad.

Al socaire de esta reforma, las Comunidades Autónomas que habían tomado la delantera y años atrás apostaron por fórmulas privatizadoras, con su máximo exponente en la colaboración público-privada para la construcción y gestión de centros sanitarios, han recibido un espaldarazo y la coartada perfecta para sus actuaciones: las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno de España y la Troika.

Por último, los Presupuestos Generales del Estado 2015 no pueden ser más reveladores y son un nuevo hachazo. Con ellos, el Ministerio de Sanidad, pretende “culminar las medidas contempladas en el Programa Nacional de Reformas 2013 y desarrollar las contenidas en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, donde se fijaron las líneas de acción prioritarias en materia de aseguramiento, configuración y contenido de la cartera de servicios, contenido de las prestaciones sanitarias y farmacéuticas, así como lo que atañe a la política de recursos humanos del SNS”.

A pesar de que el proyecto de PGE–2015 contempla para el conjunto de las prestaciones sanitarias y la política de Sanidad 3.861,52 millones €, lo que supone un incremento del 0,5% respecto al año anterior, también supone un decremento de algo más del 9% desde que está este Ejecutivo al frente del gobierno. En relación con el gasto en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, se trata de menos de un 7%. El presupuesto del Ministerio de Sanidad, (MSSSI) para 2015 es de 1.919,46 millones, un 0,7% más que en 2014. Este presupuesto del MSSSI supone alrededor de un 3%, en relación con el conjunto del gasto del Sistema Nacional de Salud. La sanidad sigue siendo la cabeza de turco ante Europa.

La mayor preocupación para UGT es la última propuesta realizada por España a Bruselas donde promete recortar el gasto sanitario 2.120 millones más en 2015, si se cumplen los pronósticos de crecimiento del PIB de 2014 y 2015. Mucho nos tememos que estos “nuevos recortes” serán especialmente efectuados en las Comunidades Autónomas, una vez más recaerán sobre el Capítulo I, las retribuciones del personal, que permanecen congeladas a lo largo de los últimos cinco años, y sobre mayores aportaciones de los ciudadanos. Estos presupuestos son un paso más hacia el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). Habrá, por tanto, que esperar a conocer los presupuestos de las Comunidades Autónomas en sanidad para confirmar la misma tendencia de los últimos años. En definitiva, la persistencia en el error: la austeridad.

En tiempos de crisis y de austeridad presupuestaria, el sistema sanitario público debería mejorar su financiación. Debería fortalecer su sostenibilidad, calidad y cohesión para responder mejor ante las situaciones de necesidad y garantizar el derecho a la salud en condiciones de equidad. Para ello se necesitaría mejorar el gasto sanitario público de España (en porcentaje sobre PIB).

Para UGT, el SNS conforma un modelo sanitario acertado en su concepción, pero inacabado, que tiene que fortalecerse sobre la base de que sus propios principios se cumplan plenamente. Este es el caso de la universalidad de la cobertura sanitaria como derecho de ciudadanía o residencia.