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El respeto a la libertad sindical y el #DerechoAHuelga exige la retirada del 315.3 del Código Penal


El Gobierno sigue atacando las libertades. Lejos de derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de hasta seis años de cárcel por “coacciones en grupo o de acuerdo con otros” a la libertad de los trabajadores –como se había comprometido el dimitido ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón- ha optado por dejar en manos del nuevo responsable, Rafael Catalá, la decisión. El nuevo ministro ha decidido analizar caso por caso para ver si es posible “el favor” de conceder algún indulto. Pero de la derogación nada de nada.


El artículo 315.3 tiene su origen en el artículo 496 del anterior Código Penal de la etapa franquista, que funcionó hasta 1976, justo en medio de la transición política en la que inicialmente se buscó la “intimidación” de las organizaciones sindicales que aún no habían sido legalizadas, así como de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos.

El polémico artículo es, por tanto, una figura “incompatible” con la Constitución y con la garantía internacional de la libertad sindical, que sindicatos y partidos de la oposición consideran que debe ser eliminada para evitar que “el Derecho Penal pueda seguir criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su ejercicio”, como explicaba recientemente Gaspar Llamazares en el Congreso de los Diputados.