La reforma de las Mutuas, prima el interés económico sobre la salud

UGT rechaza la reforma del Gobierno, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, porque prioriza la gestión económica frente a la dignidad de las personas y supone la privatización del Sistema Nacional de Salud y de la Seguridad Social.

Esta reforma, sin consenso social, “sitúa la gestión privada en una posición dominante sobre la pública, algo paradójico teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones en que la Seguridad Social se ha visto obligada a sancionar a las Mutuas por la incorrecta gestión de los recursos públicos”, según denunció Marisa Rufino, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

La reforma del Gobierno modifica la regulación de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes. Algo sin sentido pues no parece lógico que las decisiones sobre la reinserción y recuperación de la salud de los trabajadores, por causas ajenas al trabajo, se ponga en manos de asociaciones privadas de empresarios.

Uno de los principales objetivos de la reforma del Gobierno es luchar contra “el absentismo laboral injustificado”, a pesar de que estamos por debajo de la media europea de los países más desarrollados y vienen descendiendo año a año y que este asunto debe abordarse desde la negociación colectiva. El Gobierno posibilita una mayor capacidad de las Mutuas para perseguir y acosar al trabajador enfermo o accidentado, incapaz de trabajar transitoriamente, en especial, en los primeros 15 días de baja (algo que afecta a la patronal que tiene que abonar el salario del día 3 al 15);.

La reforma refuerza además las propuestas de alta de las mutuas, pues se acorta el plazo de contestación y se elimina el plazo de diez que tenía el facultativo para emitir un informe.

En definitiva, esta reforma supone un nuevo recorte para los derechos de los trabajadores, no corrige la falta de transparencia en la gestión de las mutuas, menoscaba la participación sindical en el control y seguimiento de las mismas y supone una privatización parcial del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público de Salud.

 

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