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La Formación Profesional para el Empleo, herramienta clave para mejorar la cualificación de los trabajadores

Teresa Muñoz Rodríguez, Secretaria Confederal de Formación de UGT

En la última década se ha consolidado el concepto de Formación a lo largo de toda la vida, que responde a los cambios acelerados que los descubrimientos científicos y tecnológicos provocan en los sistemas de producción. En nuestro entorno europeo se asume que la formación profesional inicial reglada debe ser continuada durante la vida laboral mediante un sistema de formación profesional permanente que haga posible la actualización de conocimientos y, en su caso, la adaptación a nuevas cualificaciones o profesiones. Estamos ante una necesidad de las empresas para mantener su competitividad, pero también ante un derecho del trabajador que, de no recibir esta formación a lo largo de su vida laboral, corre el riesgo de perder su nivel de cualificación y ser expulsado del mercado de trabajo ante situaciones de crisis, o de no poder reincorporarse al mercado laboral.

Este derecho del trabajador adquiere especial relevancia a la vista de las conclusiones de los trabajos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) que ha estimado que las necesidades de competencias profesionales para 2020 van a cambiar significativamente, de modo que solo habrá un 15% de puestos de trabajo de baja cualificación. En consecuencia, es necesario desarrollar desde un punto de vista sindical una propuesta específica acorde con las necesidades de los trabajadores para adecuarse a estos nuevos requerimientos profesionales.

Por esta razón, defendemos la consolidación de un Sistema de Formación Profesional para el Empleo, que asegure el acceso de los trabajadores a la formación a lo largo de toda la vida, en condiciones de igualdad y gratuidad.

Las Comisiones Paritarias Sectoriales han de ser los órganos de negociación colectiva para la articulación de la formación sectorial. Para jugar este papel es necesaria la racionalización y reducción de su número actual, dotarlas de recursos suficientes para asumir el establecimiento de itinerarios formativos sectoriales vinculados al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como para ordenar el mapa de la formación sectorial prioritaria a corto y medio plazo.

“Urge la definición de un nuevo modelo de Formación para el Empleo, vinculando a las Administraciones y a los agentes sociales”

En el modelo de Formación Profesional para el Empleo que queremos impulsar se establecen distintos niveles de compromiso y participación de los Agentes Sociales, asociaciones empresariales y sindicales, que requieren tratamiento diferente. El primer nivel corresponde a la participación en la gestión política del Sistema (Mesas de Negociación o Concertación, Comisión Estatal, Fundación Tripartita y Organismos Autonómicos), donde se marcan las líneas generales de actuación en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo.

El segundo nivel corresponde a la participación en los Consejos de Formación Profesional, tanto a nivel estatal como autonómicos. Proponemos el refuerzo de dichos Consejos, dotándolos de estructura suficiente para cumplir con su papel asesor sobre la toma de decisiones en políticas de Formación Profesional.

El tercer nivel corresponde a la colaboración estable con el Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales para realizar el contraste de cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional.

El cuarto nivel corresponde a la realización de acciones formativas ejecutadas a través de los Centros Inscritos o Acreditados propios. Con respecto a los instrumentos de formación de UGT, tendrán que cumplir la normativa para poder ser Inscritos o Acreditados, tendrán que ser competitivos dentro de la concurrencia para poder obtener subvenciones y tendrán que realizar eficazmente y con calidad los planes de formación que se les puedan adjudicar dentro de la normativa que se desarrolle en el futuro modelo, en la misma línea en que venimos trabajando en los últimos 20 años.

En este sentido la UGT utiliza a nivel confederal el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES), que imparte formación en toda España, dispone de 190 centros con 664 aulas acreditadas por las distintas administraciones públicas para impartir certificados de profesionalidad en 120 especialidades acreditadas. Igualmente dispone de una plataforma de teleformación para 186 especialidades formativas. Su plantilla fija se sitúa en torno a 200 trabajadores, ampliándose a más de 1.000 con monitores y coordinadores. A lo largo de los últimos 10 años, IFES ha formado a más de 1.000.000 de alumnos, tanto trabajadores ocupados como desempleados.

Es por todo ello que urge la definición de un nuevo modelo que debe plasmarse en los V acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo, vinculando a las Administraciones y a los Agentes Sociales. UGT se compromete a participar en este modelo para garantizar el derecho del trabajador a mejorar su nivel de cualificación a lo largo de su vida laboral, estableciendo para todos ellos una carrera profesional que desarrolle todo su potencial.



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Limitar el papel de los sindicatos es retrasar el avance social

Antonio González, Miembro del Consejo Económico y Social

La Constitución coloca a los sindicatos entre las organizaciones más importantes del sistema democrático. En eso no hay ninguna duda. Como tampoco la hay acerca de que la Carta Magna considera que la negociación colectiva es un derecho básico de todos los trabajadores, para lo que mandata a las leyes a garantizarlo, asegurando que los convenios tendrán que ser cumplidos (fuerza vinculante). De ello se derivó un sistema basado en elecciones sindicales con plenas garantías democráticas donde los trabajadores eligen directamente a sus representantes en las empresas. El número de delegados sindicales obtenidos determina la representatividad de cada sindicato.

Los sindicatos españoles, UGT y CCOO tienen, así, uno de los índices más altos de representatividad y legitimidad democrática de Europa. Y sobre esa base negocian los convenios para el 80 por ciento de los trabajadores. Y los convenios que firman amparan a todos los trabajadores (porque éstos les han concedido su representación al votarlos en las elecciones) sean afiliados o no a los sindicatos, y más del ochenta por ciento de los trabajadores no están afiliados. El sistema recuerda algo a la Seguridad Social: ha de pagar las pensiones y prestaciones a todos los que trabajan. Con la diferencia de que, para hacerlo, la Seguridad Social recauda unas cotizaciones a todas las empresas y todos los trabajadores, y con una parte de ellas sostiene su propio funcionamiento. Y hay que preguntarse cómo podría realizar toda esa inmensa gestión administrativa si no percibiera ningún recurso para ello. Salvando las distancias, hay que preguntarse cómo hacen los sindicatos para negociar, y gestionar después de la firma, cada año tantísimos convenios colectivos. ¿Dónde están sus cotizaciones?

Se podría suponer que la situación de los sindicatos españoles es como la de los demás europeos. Pero un vistazo a los datos (oficiales de la UE) permite ver que las diferencias son abismales. Los esfuerzos a los que tienen que hacer frente son mucho mayores. En proporción a los afiliados, aseguran la representación sindical en mucha mayor cantidad de empresas de todos los tamaños, especialmente de las más pequeñas. Y facilitan una de las mayores coberturas de negociación colectiva, tan alta como en los países nórdicos en los que la afiliación es el triple de la española. Tienen, además, que hacer frente a un mercado laboral con un empleo mucho más precario y desprotegido que en los demás países: la temporalidad del empleo es la segunda más elevada de la UE, y la facilidad de despido es, según la medición de la propia OCDE, de las mayores de Europa.

“Los sindicatos españoles tienen uno de los índices más altos de representatividad y legitimidad democrática de Europa”

Para hacer frente a todo ello, cuentan con medios muy inferiores. Si la afiliación es escasa (porque no es necesario hacerlo para verse cubierto por los convenios colectivos), en los otros tres ámbitos esenciales para el sostenimiento de la actividad sindical (la formación de los representantes, el tiempo disponible para la actividad sindical, y el apoyo material por parte de las empresas) los medios de los que disponen se sitúan entre los más bajos de toda la UE.

Más esfuerzos, pero menos medios. Esta es la realidad sindical en España. Hacen mucho más con menos. Representan a los trabajadores, sostienen la negociación colectiva, facilitan a las empresas los interlocutores que precisan para resolver los problemas laborales y poder adaptarse, encauzan los conflictos inherentes al mundo del trabajo, y contribuyen a que la economía y el empleo mejoren. Traducen el progreso económico en derechos laborales y sociales.

Los sindicatos a través de la negociación de los salarios hacen más distribución de la renta que los impuestos. En todos los países hay una estrecha y directa relación entre la capacidad sindical y la desigualdad. Es un hecho probado. Y además, contribuyen a que las prestaciones sociales sean suficientes, mejores y sostenibles, al mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar. En definitiva, contribuyen al progreso de la sociedad.

“Los sindicatos a través de la negociación de los salarios hacen más distribución de la renta que los impuestos”

Sin ellos, todo esto no sucedería en la misma medida. Por eso surgieron los sindicatos. Llevan más de un siglo cumpliendo una función social y económica. Pero, como en todos los órdenes, su capacidad para cumplir con esa función es directamente proporcional a sus medios. Mantener la limitación de éstos significa vaciar su papel, hurtar el reconocimiento legal y constitucional. Y retrasar el avance social y el desarrollo económico del país.

El gran reto pendiente de la modernización de la sociedad española consiste esencialmente en lograr parecernos en todo a los países más avanzados de la UE. Consiste en superar todo lo que históricamente nos diferencia. En tener una economía y unas empresas más competitivas, en tener unos trabajadores más formados y con mejores condiciones laborales, en tener un Estado del Bienestar a su altura, y en tener sindicatos con medios semejantes a los países más prósperos de Europa