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Un mercado laboral mermado y deteriorado

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Precariedad, parcialidad, temporalidad, bajos sueldos, retroceso en los derechos, indemnizaciones menores por despido, mayores niveles de pobreza y de exclusión social y mayores exigencias en preparación y productividad. Esta es la carta de naturaleza de la última reforma laboral desarrollada por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, que ha llevado al mercado laboral al más absoluto deterioro.

El rápido cambio en las normas que regulan el mercado laboral español, sin ser negociadas con los partidos políticos ni los agentes sociales, fueron impuestas de forma unilateral bajo los dictados del Ejecutivo comunitario, FMI y BCE. Y, todo, utilizando el ‘paraguas’ de que era la única forma de crear empleo.

Transcurridos más de dos años desde su puesta en marcha (febrero de 2012), expertos, sindicatos, organismos internacionales y hasta los propios afectados por el desempleo y aquellos que han encontrado un puesto de trabajo con las nuevas normas, coinciden en afirmar que la reforma laboral de 2012 ha sido un fracaso rotundo.

Los datos avalan este fracaso que ha debilitado y mermado en efectivos al mercado laboral español. La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año arroja una radiografía clara de la situación: el espejismo de una recuperación económica cuyo mercado de trabajo es cada vez más precario y registra altos niveles de deterioro y de desigualdad.

Hasta desde las instancias europeas, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, ha empezado a denunciar las desigualdades tanto en empleos como en condiciones laborales en España. Su solución pasa por dar prioridad absoluta en los próximos meses y años a la lucha contra las grandes disparidades en las condiciones laborales, además de “alentar” la creación de empleo. Sus recetas son más inversión, políticas “monetarias y fiscales valientes” y reformas estructurales.

La realidad se escapa de la tan publicitada recuperación económica cuando el crecimiento del 0,4% del PIB arroja un descenso de 200.000 ocupados; una recuperación reñida con ese 21,6% de tasa de pobreza o ese 44% de los 5.933.300 desempleados que no reciben ningún tipo de prestación.

El optimismo del Gobierno se estrella también contra la tasa del 25,93% de paro, la caída de la población activa (187.000 personas) y la caída de empleo de 79.600 trabajadores. A ello se suma la pérdida constante de población activa (entorno al 6% desde la puesta en marcha de la reforma laboral), derivado de la caída de la población, el ‘exilio’ de parados a otros mercados de trabajo fuera de España y la marcha de cerca de medio millón de trabajadores extranjeros.

Así las cosas, o se ponen medidas contundentes que reviertan esta situación o España tardará dos décadas en alcanzar los niveles óptimos de ocupación y desempleo. Desde el propio Gobierno se reconoce que harán falta unos cinco años en bajar la tasa del paro del 20%, un reconocimiento que parece no darles qué pensar.

A modo de reflexión basta decir que desde la reforma laboral hasta el primer trimestre de 2014 hay 875.000 ocupados menos, 254.000 desempleados más, 675.000 contratos indefinidos menos, 357.400 ocupados a tiempo parcial más o cerca de medio millón menos de población activa. Pero además, la crisis dejó en el esqueleto los efectivos dedicados a la construcción, con más de 1,3 millones de empleos perdidos. Aunque lo más llamativo es el abandono de la industria, donde se han perdido más de 900.000 empleos, cuando las políticas deberían ir encaminadas a hacer de España una potencia industrial para poder cambiar el modelo productivo, en sintonía con ser la cuarta potencia económica europea.

Flaco favor se hace, además, a la recuperación económica con un crecimiento económico basado en actividades de baja productividad y escaso valor añadido. Y también preocupante es el camino elegido para asentar las bases de esa recuperación, que una vez más, apuesta por el camino ya trillado y fracasado de basar el crecimiento únicamente en el ladrillo y el turismo, alejándose de nuevo de un cambio de modelo productivo que busque el valor añadido de los productos para hacerlos más competitivos gracias a la innovación y la investigación.

Es más, nuevamente el Gobierno ha apostado por ganar en competitividad debilitando los derechos de los trabajadores, las condiciones de contratación y rebajando año a año los salarios. Éstos son los efectos de una reforma laboral impuesta. Hay quienes empiezan a señalar a España como la ‘China europea’. Es lo que Bruselas pedía y Mariano Rajoy no puso ninguna objeción, aunque su política fuera en contra de sus propios ciudadanos.

Con estos mimbres, el Gobierno enarbola la bandera de las exportaciones como eje fuerte de la recuperación, puesto que sus medidas económicas, fiscales, sociales y laborales van en contra de animar el consumo interno. Las empresas españolas que se dedican a exportar o a estar presentes más allá de nuestras fronteras comienzan a obtener sus mejores resultados en el exterior. La consecuencia es que su inversión también se va fuera. Y el empleo que crean también.

Las claves de la ‘recuperación’ laboral

La realidad es tozuda y los datos no dejan lugar a dudas. El Gobierno habla de recuperación y crecimiento del PIB –acaba de revisar al alza sus previsiones y este año creceremos al 1,2% y en 2015 al 1,8%-, y también de que ya se ha empezado a crear empleo. Espera que se creen en torno a 650.000 puestos de trabajo en estos dos años. Lo que oculta es que esos nuevos empleos son temporales, precarios y parciales.

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La última EPA confirma el avance de los ocupados a tiempo parcial y los trabajadores por cuenta propia, la puerta pequeña por la que se está abriendo paso el subempleo. En sus registros también se constata la pérdida de la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, que han sido arrinconadas para dejar paso a mayor precariedad, temporalidad, peores jornadas, trabajos menos cualificados y salarios más bajos.

La temporalidad comenzó a repuntar en 2013. Después de que en el tercer trimestre se situara levemente por encima del 22% pasó en el siguiente semestre a superar el 24% y en el primer trimestre de este año se ha quedado rozando el 24%, unos dígitos con los que casi duplicamos la media europea. Los datos mensuales publicados por el Ministerio de Empleo confirman que cada breve periodo de recuperación de empleo siempre viene acompañado de un aumento de la temporalidad.

Por lo que respecta a los contratos a tiempo parcial, cuya tasa se sitúa cercana al 16%, cabe destacar que la mayoría de estos contratos no son voluntarios. Alrededor del 60% de los contratados bajo esta modalidad reconocen que no es la jornada que ellos desean.

Crece la desigualdad

Las nuevas fórmulas con las que el Ejecutivo intenta luchar contra el desempleo, además de crear escasos puestos de trabajo, están creando desigualdades en la calidad del empleo, con pocas horas de trabajo y de ingresos: las brechas salariales y derechos laborales se han acentuado.

Junto a las estadísticas de Eurostat (que nos sitúan como el segundo países de Europa con la tasa de paro más alta), los registros nacionales nos hablan de más desigualdades. La tasa de pobreza en España se ha disparado hasta el 21,6% y por primera vez en España se habla de tasa de pobreza infantil. Sendos informes, dados a conocer por separado, de Cáritas y Save the Children sitúa a España como el segundo país que menor capacidad tiene para reducir la pobreza infantil a través de ayudas sociales y el país con más porcentaje de niños sin recursos. En concreto, asegura Save the Children, uno de cada tres niños españoles está en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, porque entre 2008 y 2012 el número de niños en riesgo de pobreza ha aumentado en casi un millón.

En gran medida, la tasa de pobreza se ha visto engordada por el 44% de los parados que no tienen ninguna prestación por desempleo. También esta prestación se ha visto deteriorada por las políticas de austeridad impuestas sobre todo al Estado de Bienestar.

Frente a estos diagnósticos, la OCDE confirma que el 1% de los más ricos en España acumulan el 8% de todas las rentas en España. Una de las grandes diferencias de esta crisis con la 1929, es que mientras hace casi un siglo los más afectados fueron precisamente los que más ingresos tenían, en ésta han incrementado aún más su riqueza. En España, en concreto, un 10%.

Ya no hay mileuristas

Durante la época de expansión económica surgió el término ‘mileurista’ para referirse a los trabajadores cuyo salario mensual era de 1.000 euros. Entonces tenía un carácter peyorativo, porque la principal masa laboral del país recibía ese sueldo, frente a las desorbitadas retribuciones de los mandos intermedios y, los poco éticos emolumentos de los equipos directivos.

Con la crisis, los mileuristas han desaparecido. O bien han ido al paro o han visto rebajado su salario a 800, 600 o hasta 400 euros. Muchos trabajadores que son contratados ni siquiera reciben el salario mínimo interprofesional debido a los recovecos de las nuevas contrataciones (tiempo parcial), la bajada generalizada de los salarios y los recortes salariales a todos los niveles asumidos en aras de mantener el puesto de trabajo.

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Pese a los datos que maneja el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el tercer Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral, constata que los salarios se han reducido un 10% de media desde su puesta en marcha, al tiempo que estima que la indemnización media se ha reducido hasta los 26 días por año trabajado en los despidos colectivos. Ésta es la puerta por la que las empresas ganan en competitividad y por la que los trabajadores viven en precariedad.

Desigualdad por edades

Otra de las desigualdades del mercado laboral se encuentra en la edad de los trabajadores. Los jóvenes han sido los principales perjudicados por la crisis, con una tasa de paro del 55% (frente al 18,80% en 2007); pero también se han visto afectados los trabajadores mayores de 45 años cuya recolocación es muy difícil y parecen ser los grandes olvidados y la generación olvidada, pese a ser el 40% de la población activa. Solo en 2013 fueron al desempleo 148.000 trabajadores mayores de 45 años. Por su edad quedan fuera del mercado de trabajo mientras juega en su contra su escasa formación, su falta de adaptación a las nuevas tecnologías y que son los que mayor tiempo sufren el paro de larga duración, lo que ‘deprecia’ su empleabilidad.

El colectivo de mayores de 45 años además tiene en su contra sus problemas de movilidad profesional y geográfica. Y pasa desapercibida porque muchos optan por la prejubilación, lo que les saca de las listas del paro, aunque sí se aprecia su ausencia en la tasa de actividad, que en este tramo de edad muestra una participación inferior al resto. Las medidas de austeridad les ha afectado de lleno, con los recortes en protección por desempleo que les afecta de lleno, que les dirige a la exclusión social.

Temporalidad

Con la reforma laboral, además, se ha dado carta de naturaleza (por si ya no la había) a la contratación temporal que ha encontrado en el año de prueba de los contratos indefinidos su caldo de cultivo. Se bajó la indemnización por despido, pero no ha sido suficiente, y con la ‘excusa’ de la crisis se han asentado los contratos temporales como la única forma de hacer viable una empresa. En este ámbito se ha apostado por la movilidad permanente del mercado de trabajo, lo que va en contra de la mejora de la competitividad y la estabilidad de los trabajadores, que además deben soportar en la letra grande de sus contratos la precariedad reconocida por ley.

La tendencia en estos dos últimos años es que el 92% del total de contratos registrados son temporales, el mismo porcentaje que existía antes de la reforma, por lo que se puede asegurar que ésta no ha servido para reducir la temporalidad, y esa dualidad permanente del mercado de trabajo. Obra y servicio, eventuales y de interinidad, junto con los de formación –su incremento ha sido del 536%- y prácticas son los más habituales. Con la recuperación económica, la contratación temporal se ha incrementado por encima del 31%

Tiempo parcial, para enmascarar los datos

Pero la precariedad tiene varios caminos. Así, la contratación a tiempo parcial es la única modalidad que gana efectivos en el mercado de trabajo. Lo lamentable es que muchos empresarios prefieren contratar por un puñado de horas a tres o cuatro trabajadores para cubrir un solo puesto de trabajo. Así se intenta reducir el paro en España.

En la mayoría de los casos se ha convertido en el ingreso principal, lo que obliga a los que encuentran este tipo de contrato a buscar más contratos de esta naturaleza para completar un salario medianamente digno. Ya no es mayoritario de mujeres o estudiantes, sino que muchos hombres en paro han encontrado este tipo de trabajo como única opción de estar empleados.

Por lo que respecta al resto de las contrataciones, además del ya comentado aumento de la contratación temporal, también han aumentado los contratos por obra y servicio (más de un 11%) y los eventuales (más del 8%). También se han elevado los contratos de formación (alrededor del 75%) y los de prácticas (cerca del 19%).

Por el contrario, se han reducido los de interinidad, los de sustitución por jubilación (más del 75%), de relevo (más del 40%) y jubilación parcial (más del 51%).

Emprendedores

Ante la falta de soluciones, el Gobierno ha apostado por la nueva corriente del emprendimiento, la única opción que parece dejarle a los desempleados para que ‘se busquen la vida’.

De ahí han surgido desde la Ley del Emprendimiento hasta todas las medidas fiscales y de subvenciones para potenciar a este colectivo. Entre los ‘ganchos’ más llamativos se encuentra la ‘tarifa plana’ que se aplica en las cotizaciones a la Seguridad Social a todos los nuevos emprendedores de 50 euros mensuales durante los primeros seis meses del inicio de la actividad, que pasarán a 125 euros en los siguientes seis meses. El problema es que no es hasta transcurridos dos años cuando una empresa comienza a consolidarse.

Los cambios en esta materia han elevado el número de autónomos, aunque son sólo un 0,6% del total de contratos firmados, el 7,3% del total de contratos indefinidos. Desde la puesta en marcha de la reforma laboral suponen el 11,7% del total de este tipo de contratos, a la que se suma la posibilidad de los contratos a tiempo parcial. La EPA del primer trimestre de 2014 arroja un total de 3.034.290 trabajadores autónomos.

Pero desde el Observatorio del Emprendedor se confirma que el 80% de los autónomos que conocen la nueva ley cree que las medidas aprobadas no les van a ayudar en su negocio. Su problema es la falta de financiación y de ayudas reales. Pero además, de los nuevos emprendedores, el 37% de los autónomos y el 39% de las pymes no son por ‘vocación’ sino por intentar salir del paro con sus propios medios.

Se empobrece el sistema público de pensiones

Si a los casi seis millones de parados sumamos la bajada de salarios, las exenciones -50 euros de tarifa plana para los emprendedores- y desgravaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social, la consecuencia inmediata es la caída de un 48% del superávit de la Seguridad Social, cuyos menores ingresos ha provocado que se haya tenido que abrir la hucha, al menos en cuatro ocasiones, desde 2012.

La última vuelta de tuerca del Gobierno a las condiciones de acceso a la jubilación –retraso de la edad, años cotizados, ampliación del cómputo para calcular la pensión…- nos aseguraron iba encaminada a mantener financieramente el sistema. Se trata de unas medidas traumáticas que de poco sirven con el resto de las medidas que se están adoptando en contra de poder aumentar los ingresos del sistema público.

Por si fuera poco, en el cajón del Gobierno todavía queda pendiente una bajada de las cotizaciones empresariales al sistema, como ya han empezado a recomendarnos desde Europa. Y ya se sabe –desde que nos dieron el dinero del rescate- que lo que dice Europa ‘va a misa’ en Moncloa. Y a los empresarios le suena a ‘música celestial’, mientras bancos y fondos de inversión empiezan a frotarse las manos por las mayores cantidades que llegarán a su apartado ‘planes de pensiones’.

Los datos registrados por Inverco ya confirman récord en el patrimonio de los planes de pensiones con un volumen de 93.822 millones de euros en marzo de 2014.

Expedientes de regulación de empleo

Otra de las apuestas de la reforma laboral fue cambiar la tendencia de los expedientes de regulación de empleo, una de las pocas medidas que parece haber dado resultado ya que el número de empresas que ha acudido a un ERE ha descendido más de un 20%, porcentaje similar al de los trabajadores afectados por la regulación, aunque en los últimos meses parece apreciarse un repunte en los ajustes de plantilla de las empresas.

ACABAR CON LA PRECARIEDAD Y LAS DESIGUALDADES

Ante todos estos problemas surgidos por la crisis y profundizados por la reforma laboral, desde la Unión General de Trabajadores la única alternativa es actuar en la creación de más empleo y de más calidad, que pasa obligatoriamente por un cambio de la política económica y laboral. En este ámbito se precisa priorizar el gasto público para desarrollar políticas de empleo, inversiones generadoras de empleo de calidad o protección social y fijar una política salarial pública más acorde con la reactivación de la demanda.

También supone la retirada de las medidas que están hundiendo los salarios, precarizando el empleo y desmontando el sistema de relaciones laborales. Es imprescindible un replanteamiento de la política salarial, que los trabajadores ganen poder de compra para reducir las desigualdades y los niveles de pobreza. Y también luchar contra la desigualdad.

En la creación de empleo es fundamental un plan de choque con el que construir un sistema de políticas de empleo eficiente, potenciándolas y reformándolas de forma urgente. La financiación de estas ayudas ha caído a la mitad desde 2010 y el poco dinero es ineficiente. Los recursos que se necesitan deberían obtenerse de los fondos de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Este plan de choque debe implicar a todos los ámbitos, incluido el comunitario, con recursos excepcionales para impulsar la contratación, sobre todo, de los colectivos en peores condiciones.

En prestaciones por desempleo el paso obligado es reforzarlas a fin de aumentar su grado de protección tanto en su nivel contributivo como asistencial. Además se debe recuperar los niveles de prestaciones del FOGASA, dotándolo de recursos humanos, financieros y técnicos suficientes.

Cambiar el modelo productivo

Otra de las prioridades es cambiar el modelo productivo de la economía española, lo que exige profundas y continuas transformaciones. El primer paso es mejorar la formación para el empleo. Y, en paralelo, impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación; poner en marcha un plan de industrialización; una reforma energética con unas condiciones de acceso y uso asequible a empresas y ciudadanos; recuperar un sistema financiero fiable y eficiente; reforzar las actividades de atención personal a los ciudadanos, donde se encuentra un gran potencial de empleos de calidad; impulsar el desarrollo rural sostenible y promover fórmulas de compromiso social de las empresas.

 

El sector público no se puede quedar ajeno a este cambio, ya que puede jugar un papel básico la reforma fiscal. De esta forma, se deben destinar inversiones en partidas que activen selectivamente el crecimiento económico, al tiempo que preserven y refuercen el sistema de protección social y prestación de servicios públicos de calidad. Y del lado de los ingresos, los cambios fiscales deben tener como objetivo los olvidados principios de suficiencia, equidad y progresividad. También la lucha contra el fraude fiscal debe ser una pieza clave, donde debe haber “tolerancia cero”. Otro punto irrenunciable debe ser el reconocimiento constitucional de un suelo de gasto social para garantizar una protección suficiente en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, protección por desempleo y pensiones.

Asimismo, se debe construir un potente sistema de servicios y prestaciones públicas, reforzando el carácter público, universal y gratuito de la sanidad. En este ámbito es urgente que se retire la última reforma de las pensiones, para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Se debe poner en marcha un plan específico para erradicar la pobreza infantil y reforzar el nivel asistencial de protección con el establecimiento de un sistema estatal de rentas mínimas.

 

EL OPTIMISMO DEL GOBIERNO SE ESTRELLA CONTRA LA CRUDA REALIDAD DESDE LA REFORMA LABORAL DE 2012

(desde el primer trimestre 2012 al primer trimestre 2014)

  • 549.100 efectivos menos de población activa
  • 814.500 ocupados menos
  • 265.600 parados más
  • Un 0,48% menos de tasa de actividad
  • Un 1,49% más de tasa de paro
  • 600 autónomos menos
  • 278.800 contratos indefinidos menos
  • 722.700 contratos a jornada completa menos
  • 240.100 contratos a tiempo parcial más.