Un claro menoscabo del ejercicio del derecho a huelga

La petición de la fiscalía contra dos trabajadores por la huelga del 29-M de 2012, supone un claro menoscabo del ejercicio del derecho a huelga

La fiscalía acusa a dos trabajadores pertenecientes a la actual Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT-Madrid (SMC-UGT-Madrid), que participaron en los piquetes informativos en la huelga general del 29 de marzo de 2012, de atentado contra la autoridad, lesiones y atentado contra la libertad de los trabajadores y pide para cada uno de ellos siete años de prisión y les pide 7.500 euros de multa.

Pero, por desgracia, el caso de José Manuel Nogales y Rubén Ranz, no es un caso aislado: hay cerca de 40 casos de este tipo en toda España que acumulan una petición de cárcel de en torno a 140 años. Otro caso similar es el de los 8 compañeros de Airbus que se enfrentan a 66 años de cárcel por defender los derechos de los trabajadores durante la huelga del 29 de septiembre de 2010.

En una rueda de prensa para denunciar esta situación, el Secretario General de UGT, Cándido Méndez se mostró preocupado porque “en la ejecutoria del Gobierno de nuestro país se esté produciendo un aprovechamiento de la crisis económica para ir más allá y no sólo adoptar medidas en el ámbito de los recortes económicos, laborales y sociales sino además, recortar las garantías para los derechos civiles y fundamentales”.

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Méndez manifestó que la petición de la fiscalía es “desproporcionada y predemocrática y supone un claro menoscabo del ejercicio fundamental del derecho a huelga”. “Además” señaló, “pensamos que existe un hilo conductor, una instrucción o un criterio de la fiscalía que depende funcionalmente del Gobierno”.

Por ello anunció que UGT y CCOO “se van a dirigir a las instancias internacionales, a la Organización Internacional del Trabajo, entre otras iniciativas, para denunciar esta situación”.

 

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